Semanas antes de su aprobación, Alejandro Gertz Manero, Presidente de la Federación de Instituciones Mexicanas Privadas de Educación Superior (FIMPES), defendió al gremio y dijo que el Gobierno federal debe apoyar a las instituciones privadas —como lo hace con las públicas— y no afectarlas con el IETU; y pidió, además que no se grave una función en el sector privado, es decir, la educación superior que está subsidiada en el sector público con 72 mil millones de pesos.
El también Rector de la Universidad de las Américas planteó que la educación no tiene por qué pagar impuestos, pues tienen que hacerlo sólo los negocios: “Si hay alguien que hace negocio con la educación, que pague impuestos. Si no hacen negocio con la educación y solamente sirve a la educación y a los mexicanos, no tienen porqué pagar impuestos”, acotó Gertz Manero.
Ante tal situación, en julio del presente año, el ex Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal solicitó deducibilidad de salarios para las universidades, porque 85% de sus gastos se realizan en el pago de nómina.
De igual manera, afirmó que las universidades privadas fijan sus cuotas escolares en función de los costos laborales y que las entidades educativas públicas tienen costos similares, pero reciben 72 mil millones de pesos en subsidios anuales, por lo que si le dieran el mismo subsidio a las instituciones privadas que a las públicas, las privadas podrían cobrar las mismas cuotas que cobran las públicas.
El IETU no podrá ser susceptible de amparos, porque su aplicación se fundamentará en el artículo 31 de la Constitución, que considera la redistribución de la riqueza en el país. Asimismo, se argumenta que se cambió la denominación del gravamen, pues jurídicamente se trata de un impuesto y no de una contribución, como planteó el Ejecutivo en su iniciativa. |
